Descontrol absoluto en los más de 560.000 embargos ejecutados en 2021 por la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) como consecuencias de los impagos registrados. Esa es una de las principales conclusiones de un informe elaborado por el Tribunal de Cuentas en el que alerta de "graves deficiencias" en la gestión de los bienes. Además de no tener ningún tipo de inventario ni control sobre los mismos, la Seguridad Social ni siquiera sabe el estado en el que se encuentran o su ubicación.
La Fundación Colección Thyssen-Bornemisza ocultó en sus cuentas de 2020 unos activos por valor de de 21,15 millones de euros, según un informe del Tribunal de Cuentas.
El teniente fiscal del Tribunal de Cuentas, Luis Rueda, ha recurrido ante el Supremo el ascenso de la exfiscal general del Estado Dolores Delgado como fiscal de sala de lo militar en este mismo tribunal, una plaza por la que él también competía.
La economía española está de luto tras conocerse el fallecimiento de quien ha sido uno de sus principales referentes de los últimos cien años: Juan Velarde. Velarde, Premio Príncipe de Asturias, catedrático de Estructura Económica y columnista de elEconomista.es (entre muchas otras distinciones y cargos), falleció a los 95 años.
El Tribunal de Cuentas ha observado "deficiencias significativas" en el "control interno" que realizó el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) en 2020, en la gestión de unas subvenciones para la atención a mayores, a las que se destina un presupuesto anual de 2,3 millones de euros.
El Tribunal de Cuentas de la UE señaló este jueves que España necesita replantear la reforma de pensiones porque duda de la sostenibilidad del sistema español. En una extensa evaluación de los planes de Recuperación por países, el Tribunal destacó la posibilidad de incrementar la partida del gasto a medio y largo plazo, con su consecuente impacto en las cuentas públicas.
El verano trae el arranque de la primera temporada de festivales sin restricciones en dos años. Y esto se convierte en una oportunidad para reactivar dos de las actividades más castigadas por la pandemia: el turismo y la industria musical. Aunque en Cataluña algunos siguen a lo suyo. Es el caso de Òmnium Cultural, la organización consagrada a predicar el catalanismo, que ha visto en estos eventos la puerta de entrada al público joven. Pero los de Xavier Antich se encuentran con que los organizadores están más interesados en presentar un cartel con grandes estrellas internacionales que dar pábulo a un ideario indepe del que su público se mofa. De hecho, ha sido bastante sonada la pintada en el Primavera Sound de Barcelona de un beso entre la alcaldesa de Barcelona Ada Colau y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Prueba de que los jóvenes catalanes mantienen un sentido del humor provocativo e iconoclasta ante el que las proclamas de instituciones como Òmnium quedan completamente fuera de juego.26/05 | El Economista
elEconomista.es
El 22% de los contratos suscritos por el Instituto de Gestión Sanitaria (INGESA) del Ministerio de Sanidad en los primeros meses de la pandemia sufrió incidencias y en un caso se llegaron a pagar más de cuatro euros por mascarilla FFP2, según consta en un informe que acaba de aprobar el Tribunal de Cuentas.
El 22% de los contratos suscritos por el Instituto de Gestión Sanitaria (INGESA) del Ministerio de Sanidad en los primeros meses de la pandemia sufrió incidencias y en un caso se llegaron a pagar más de cuatro euros por mascarilla FFP2, según consta en un informe que acaba de aprobar el Tribunal de Cuentas.
El Tribunal de Cuentas Europeo ha iniciado una auditoría para averiguar si la Comisión Europea ha desarrollado con eficacia una cadena de valor en el sector de las baterías, y si los proyectos apoyados en los Estados miembros maximizan el impacto de la financiación europea.
La Fiscalía ha rebajado de 9,5 millones de euros a 3,4 millones las estimaciones del Tribunal de Cuentas sobre la cifra de los fondos presuntamente desviados por excargos del Govern para la acción exterior de Catalunya y para los gastos del 1-O enmarcados en el proceso independentista.
El Tribunal de Cuentas tiene abiertos seis expedientes tras sus fiscalizaciones a las mutuas, cinco de reintegro por alcance y uno por responsabilidad tributaria por regalos a sus empleados no tributados como salario.
El Tribunal de Cuentas ha cuantificado este martes en el Congreso en más de 103.690 millones de euros los gastos asumidos entre 1989 y 2018 por la Seguridad Social en partidas no contributivas y que, por tanto, debían haber sido financiados por la Administración General del Estado.
El Tribunal Supremo ha acordado la suspensión del acuerdo del Consejo de Ministros, del pasado 22 de febrero, por el que se comunicó al Congreso de los Diputados sendas ternas de candidatos a la Presidencia y Adjuntía de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), al considerar que el procedimiento está viciado de raíz al apartarse de la normativa vigente.
El Institut Català de Finances (ICF) ha culminado con el cambio de su primer ejecutivo el relevo de altos cargos contrarios al aval ideado por el conseller de Economía, Jaume Giró, para cubrir las fianzas por 5,4 millones de euros que exige el Tribunal de Cuentas a excargos de la Generalitat entre 2011 y 2017 por presunta malversación en la acción exterior del Govern en favor de la independencia, durante los gobiernos de Artur Mas y Carles Puigdemont.
ERC ha pagado unos dos millones de euros para avanzar la fianza que pide el Tribunal de Cuentas a todos los afectados que tenían responsabilidades en el Govern entre 2016 y 2017, han explicado fuentes republicanas.
El Tribunal de Cuentas rechazó este jueves los avales aportados por la Generalitat y presentados por 28 de los 34 excargos del Govern investigados por presuntos gastos ilegales en política exterior vinculados al procés. Ello se traduce en el embargo cautelar de bienes para cubrir el importe de la fianza, que suma 5,4 millones de euros, para cargos como los expresidentes Artur Mas y Carles Puigdemont, y los exconsejeros Andreu Mas-Colell, Oriol Junqueras y Raül Romeva, entre otros.
Apenas tres de cada diez ayuntamientos españoles consiguieron aprobar en sus plenos los presupuestos previstos para el año 2019 antes de que arrancase ese ejercicio. Una muestra de como el recurso a la prorroga presupuestaria se ha convertido en una práctica mayoritaria en la Administración pública, según recoge el Tribunal de Cuentas en su último Informe de Fiscalización del Sector Público Local.
La delegada instructora del Tribunal de Cuentas que impuso una fianza de 5,4 millones de euros por la acción exterior de la Generalitat, Esperanza García, tiene "dudas" sobre la "suficiencia y legalidad" de avales presentados por el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) -conocido como el ICO catalán- y por eso ha solicitado a la presidencia de la Sección de Enjuiciamiento un informe de la Abogacía del Estado.
Lleva mareando la perdiz desde que llegó. En la última semana ha cambiado de parecer un par de veces. Aunque bien podría ser gallego, porque ya no se sabe si sube o baja, es catalán. Me refiero al conseller de Economía de la Generalitat, Jaume Giró. Hace unas semanas reunió a los 34 afectados por las sanciones del Tribunal de Cuentas para comunicarles que el tema estaba solventado. La Generalitat cubriría la indemnización mediante la creación de un fondo de diez millones, respaldado por el Instituto Catalán de Finanzas (ICV) y el contraaval del Sabadell. Ni una cosa ni la otra eran ciertas.
Cuando todo parecía que la Generalitat de Cataluña iba a proceder ayer al pago del aval, que el Tribunal de Cuentas solicita a los 34 encausados del procès -por delito de malversación-, a una hora de que expirara el plazo, a las 12 de la noche, el Govern pidió un aplazamiento de dicho aval, que tenía pensado hacer con fondos públicos. Este cambio ha precipitado que, a media mañana, al menos 29 de esos 34 encausados hayan presentado sus fianzas o la relación de sus bienes inmuebles. Pero esa documentación, en buena parte, apenas ha sido considerada como un mero "anuncio", motivo por el cual, el Tribunal de Cuentas ha dado solo dos días para que se haga entrega de los avales o de los bienes inmuebles.
En la recta final del plazo, con el rechazo de las entidades bancarias a avalar el fondo impulsado por la Generalitat, el Govern catalán hizo ayer el depósito al Tribunal de Cuentas de 5,4 millones de euros para pagar las fianzas impuestas a los 34 exaltos cargos por la malversada política de acción exterior de la principal institución catalana.
La creación del fondo de 10 millones por parte de la Generalitat de Cataluña para hacer frente a las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas a los líderes del procés ha indignado a buena parte del empresariado catalán. Con razón, las empresas se quejan ante el consejero de Economía, Jaume Giró, de que "el Govern se preocupa de crear esa caja común con dinero proveniente de los presupuestos de varias consejerías mientras las empresas siguen sin recibir ayudas", dice un empresario catalán. Por lo que se comenta son los hosteleros y comerciantes catalanes los más críticos con esta maniobra del Govern, ya que llevan tres meses esperando las ayudas por los cierres y limitaciones de las autoridades sanitarias para hacer frente a la pandemia. "Ahora con la quinta ola ya se están tomando nuevas restricciones que seguirán impactando en nuestro negocio mientras seguimos a la espera de las prometidas ayudas que nunca llegan", dicen en el sector hostelero. En la Generalitat aseguran que las empresas empezarán a recibir el dinero de las ayudas a finales de este mes de julio. A pesar de ello, en el ámbito de la restauración siguen sin creerse que eso vaya a ocurrir. "El Govern lleva mucho tiempo dejando claro que su único interés es el procés. Lo que le pase al tejido productivo de Cataluña le da bastante igual", dicen un empresario.11/07 | El Economista
elEconomista.es
El consejero catalán de Economía, Jaume Giró, convocó una reunión con los abogados de los 34 excargos públicos de la administración catalana investigados por el Tribunal de Cuentas por presunta responsabilidad contable vinculada a gastos de promoción exterior de la independencia, según ha sabido elEconomista. Lo hizo para darles un mensaje de tranquilidad respecto a las fianzas por 5,4 millones de euros que deben afrontar, si bien les mintió doblemente.
El plan del Gobierno catalán para avalar las fianzas de los ex trabajadores de la administración catalana investigados por el procés se ha topado antes con trabas financieras que judiciales, ya que la estrategia de vehicular las coberturas de forma indirecta a través de una entidad financiera para esquivar una acusación de malversación de fondos públicos ha sido recibida con incomodidad por el sector bancario, nada proclive a posicionamientos políticos.
La Generalitat de Cataluña busca un banco a través del cual avalar indirectamente a los investigados por el Tribunal de Cuentas por presunta malversación. El Govern aprobó un mecanismo con el que pretende dar apoyo económico a los trabajadores públicos a los que se les exijan responsabilidades patrimoniales por gastos ilícitos vinculados al procés, algo que no cubren los seguros de responsabilidad civil contratados por la administración catalana, y por lo que el Ejecutivo de Pere Aragonès podría ser acusado de malversación si destina dinero público a pagar un dinero que en realidad debe cobrar.
Un total de 34 antiguos miembros del Govern independentista del president Carles Puigdemont y del Ejecutivo de Artur Mas tendrán que hacer frente a la fianza de 5,4 millones que pide el Tribunal de Cuentas por la actividad ilícita en el exterior durante los años 2011 a 2017. Una vez notificado el expediente de liquidación, los responsables tienen de plazo hasta el 14 de julio para abonar el dinero. De lo contrario, los principales líderes del procés ponen en juego un patrimonio superior a 8 millones de euros. La responsabilidad contable es solidaria entre los 34 investigados, y por tanto han de hacer frente a la cantidad entre todos ellos... a no ser que recurran a la Caja de Solidaridad independentista.
El ex presidente catalán ha vuelto a la primera plana. El Tribunal de Cuentas ha reclamado este martes 5,4 millones de euros a una cuarentena de ex altos cargos de la Generalitat por supuestos gastos indebidos en la acción exterior del Govern entre los años 2011 y 2017. A Artur Mas le corresponden 2,8 millones del total, una cantidad que él ya advirtió que no pagaría: "Dimos la cara para poder celebrar una consulta en la que participaron 2,3 millones de catalanes (9N de 2014), por lo que no tiene sentido que nueve lo perdamos todo y que el resto no haga un muy pequeño esfuerzo", dijo en una entrevista en su momento.
El Tribunal de Cuentas ha fijado inicialmente en 5.422.879,48 euros la responsabilidad contable que se reclama al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont; al expresidente Artur Mas, a los indultados Oriol Junqueras, Raül Romeva y Jordi Turull y a otros 37 excargos de la Generalitat por el presunto desvío de fondos para impulsar ilícitamente el procés en el exterior.
El Gobierno quiere ir más allá de los indultos a los presos independentistas y apunta ahora a la causa contable en marcha en el Tribunal de Cuentas por los gastos ilícitos de la Generalitat en el procés, una factura millonaria -que se agrandará el martes- que puede suponer el embargo de bienes a una cuarentena de excargos de la administración catalana.
México
Argentina
Chile
Colombia
Perú
