El sindicato y los interinos en fraude de ley, con más de tres años en abuso de temporalidad, han presentado un masivo recurso contencioso-administrativo para reclamar que las 570 plazas ofertadas por la Diputación General de Aragón se aumenten a más de 4.000 en el proceso extraordinario derivado de la Ley nacional 20/21.
Varias decenas de demandantes amparadas por la sección sindical de la Confederación General del Trabajo (CGT) en la Diputación General de Aragón y la Asociación PTTAZ del Ayuntamiento de Zaragoza interpusieron el pasado 15 de febrero una denuncia al buzón externo de la Directiva 2019/1937 de ASPERTIC-Viadenuncia.
Las peores perspectivas para la vicepresidenta valenciana y líder de Compromís, Mónica Oltra, se han cumplido. La que fuera una de las máximas detractoras los cargos del PP valencianos acusados por casos de corrupción acaba de ser imputada por el posible encubrimiento por parte del departamento que dirige del caso de abusos a una menor tutelada por un trabajador social y exmarido de la vicepresidenta.
Los jueces españoles han concluido en el primer trimestre de 2022 un total de nueve procedimientos por corrupción, en los que se dictó auto de apertura de juicio oral o de procesamiento contra 45 personas (una de ellas, persona jurídica), que fueron o serán llevadas a juicio por este tipo de delitos.
El porcentaje de las denuncias presentadas directamente por las víctimas de violencia de género en los tres primeros meses de 2022, que fue muy similar a los de trimestres anteriores, se situó en el 71,19%, mientras que las denuncias presentadas por los familiares se mantuvieron en un porcentaje muy bajo e incluso disminuyeron sensiblemente al pasar del 2,23% del primer trimestre de 2021 al 1,58% del mismo periodo de 2022. En total, las denuncias de familiares sumaron 743.
El Juzgado número 5 de Zaragoza ha condenado a un hombre a cuatro meses de prisión y 747,56 euros de multa, más los intereses, por un delito de estafa por usar de forma fraudulenta la Tarjeta Lazo, emitida por el Ayuntamiento de la capital aragonesa y el Consorcio de Transportes del área metropolitana.
La vicepresidenta valenciana y líder de Compromís, Mónica Oltra, se enfrenta a su posible imputación por el supuesto encubrimiento del caso de abusos a una menor de su exmarido, en una difícil situación. La fiscalía, que pide al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que se declare competente para instruir el caso al afectar a una aforada como Oltra, considera en su escrito que hay indicios de que se actuó desde la Conselleria para ocultar el caso y realizar un expediente a posteriori para cubrirse las espaldas.
Las demandas por despido disminuyeron casi un doce por ciento en la Comunidad Autónoma de Andalucía durante el primer trimestre del año. En este periodo de tiempo se han presentado 4.580 demandas por despido, un 11,7 por ciento menos que en el mismo trimestre de 2021.
El Juzgado de lo Social número 3 de Córdoba ha estimado la demanda presentada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y ha declarado que la relación entre la empresa Glovo App 23 (Glovo) y 222 repartidores de la capital es de naturaleza laboral, según la sentencia dictada el día 19 de mayo y contra la que cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) con sede en Sevilla.
El sindicato aragonés recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón el acuerdo del Consejo de Gobierno de hoy en el que se ha aprobado una convocatoria extraordinaria de estabilización del personal temporal de 2.552 plazas, de los que 1.219 por el por el procedimiento de concurso-oposición y 1.333 por concurso (sin examen), sumando Educación, Sanidad y Administración General.
La Audiencia Provincial de Álava ha condenado a Generali al pago de 29 millones de euros de indemnización por el incendio de una fábrica de quesos en agosto de 2018 en la localidad de Salvatierra-Agurain.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la pena a prisión permanente revisable a Norbert Feher, más conocido como 'Igor el Ruso', por el asesinato del ganadero José Luis Iranzo y de los guardias civiles Víctor Jesús Caballero y Víctor Romero, hechos ocurridos en Andorra (Teruel) el 14 de diciembre de 2017.
El largo y voluminoso proceso judicial de las cláusulas suelo hipotecarias podría reabrirse cuando las reglas para su reclamación parecían inamovibles. La Audiencia Provincial de Madrid ha reconocido a una consumidora su derecho a reclamar las cuantías cobradas de más por la aplicación de estas condiciones contractuales que impidieron abaratar su cuota de amortización con la caída del euribor desde el momento de la firma del crédito y no desde mayo de 2013 como había establecido el Tribunal Supremo.
El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha dado la razón al sindicato UGT y ha desestimado el recurso de suplicación interpuesto por la UTE MATINSA, concesionaria de los trabajos de conservación y explotación del Túnel Internacional de Somport, que, junto a la anterior concesionaria, deberá abonar el plus de peligrosidad a los agentes de conservación y a los coordinadores.
Alrededor de 4.000 estaciones de servicio han decidido acudir a los tribunales para recurrir la fórmula adoptada por el Gobierno para rebajar 20 céntimos por litro los carburantes.
La entidad bancaria deberá devolver al cliente la parte proporcional de la prima no consumida y los intereses pagados por el incremento indebido de financiación.
La banca vuelve a reforzar la hucha para encarar potenciales reveses judiciales o fiscales cuando parecía que la fuerte litigiosidad de los últimos años, vinculada sobre todo a hipotecas, había quedado casi atrás. Los seis mayores bancos -Santander, BBVA, CaixaBank, Banco Sabadell y Bankinter- aumentaron en un 5,86% este tipo de dotaciones el pasado año y elevaron la hucha conjunta a 3.999 millones de euros.
La Audiencia de Valladolid ha acordado finalmente suspender de forma definitiva el juicio por el denominado caso de 'La Perla Negra' y ordenar su devolución al juzgado de instrucción con el fin de garantizar que todas las partes personadas en el proceso han recibido la totalidad de la causa para evitar así incurrir en una posible nulidad por vulneración del derecho de defensa.
La actividad de los órganos judiciales españoles volvió a la normalidad en 2021, tras verse alterada en 2020 por la crisis sanitaria del Covid-19, según los datos del informe estadístico sobre la situación de los órganos judiciales en el cuarto trimestre de 2020, difundido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El proyecto de Inmediación Digital de los juzgados ha permitido la celebración 730.000 vistas y comparecencias judiciales telemáticas en todo el territorio nacional desde el inicio de la pandemia, con un ahorro de más de 1,2 millón de horas y 14,6 millones de euros en desplazamientos, así como una reducción de más de 6.000 toneladas de emisiones de Co2.
La asociación profesional de empresas privadas que prestan servicios públicos de transportes interurbanos de viajeros de autobuses en la Comunidad de Aragón ha presentado hoy un recurso contencioso administrativo por el nuevo mapa concesional ante la "negativa" del Gobierno de Aragón de abordar la planificación del transporte público de manera acorde a la situación de demanda y costes de servicios.
Un juzgado valenciano ha dado la razón a la empresa que gestiona varios alojamientos turísticos, que recurrió en los tribunales por el abono del Impuesto de Actividades Económicas municipal pese a no poder llevar a cabo su actividad por las restricciones por el coronavirus.
La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha condenado a siete años y un día de cárcel al exconsejero socialista de Empleo Antonio Fernández, y a cuatro años y un día de prisión al ex director general de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez, por delitos de malversación, falsedad y prevaricación en las ayudas por valor de casi tres millones de euros concedidos por la Junta a la empresa Acyco. Tras la sentencia de la pieza política de los ERE en diciembre de 2019, es la primera de las piezas separadas referidas a ayudas a empresas que resuelve la Justicia. Hay más de un centenar más de estas piezas separadas en distintas fases de tramitación.
La Sala II del Tribunal Supremo ha condenado a 11 años y 4 meses de prisión y multa de más de 6,5 millones de euros a la exalcaldesa de La Muela (Zaragoza), María Victoria Pinilla Bielsa, por delitos continuados de cohecho pasivo, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y prevaricación, delitos contra la Hacienda Pública, prevaricación y fraude a la Administración, con la atenuante de dilaciones indebidas, en relación a varias operaciones urbanísticas y adjudicaciones irregulares realizadas en dicho municipio entre finales de los años 90 y 2009.
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a tres años y un día de cárcel y a seis años y un día de inhabilitación absoluta al ex presidente de Invercaria Tomás P.S. como autor de un delito de prevaricación administrativa en concurso medial con un delito de malversación de caudales públicos en relación con el préstamo participativo de 300.000 euros otorgado en el año 2008 a la empresa Fumapa, dedicada a la manufactura de piezas metálicas y cuyo principal cliente era la empresa automovilística Santana Motor. Tomás P.S. ya había sido condenado anteriormente por otras ayudas irregulares y por subirse el sueldo ilegalmente.
El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha dictado un auto en el que acuerda continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas seguidas contra 35 personas -entre ellas tres ex altos cargos de la Junta de Andalucía- y dos entidades -Permar 21 S.L. y Cureña S.L.- en la pieza separada del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) por las presuntas sobrecomisiones que se pagaron por encima de la media del mercado en las pólizas de prejubilaciones vinculadas a los ERE financiados por la Junta, que se cifran en el auto en la cantidad de 66.033.237,30 euros.
El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se ha congratulado de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de rechazar las medidas cautelares solicitadas por el Gobierno para evitar la apertura de la estación de esquí de Navacerrada y ha pedido al Ejecutivo central que "cese los ataques" contra los intereses de la Comunidad.
La sección primera de la Audiencia Provincial de Castellón ha absuelto a Recaredo del Potro y José Luis Martínez Dalmau, ex presidente y ex consejero delegado, respectivamente, de la empresa Escal UGS, adjudicataria del proyecto Castor, del delito contra el medio ambiente y los recursos naturales del que fueron acusados, así como a la propia compañía, participada mayoritariamente por ACS.
Anpier amenaza con llevar a los tribunal al Gobierno si suaviza las condiciones de los puntos de acceso y conexión. La asociación nacional de los pequeños y medianos productores fotovoltaicos, advierte de la posibilidad de que se produzca un nuevo agravio entre los grandes operadores del sector energético y las iniciativas sociales y anuncia que recurrirá primero por vía administrativa y, posteriormente, por vía judicial si se producen estos cambios.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha dictado sentencia confirmando la dictada anteriormente por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Zaragoza y que condenaba al Ayuntamiento de Zaragoza a abonar 171.000 euros a la viuda e hijos de un afectado fallecido por amianto.
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