El sorpresivo traslado de la matriz de Ferrovial de España a Países Bajos ha devuelto la discusión sobre las ventajas fiscales de mudarse a jurisdicciones más 'amigables' al debate económico y político. Los reproches del Gobierno al grupo que preside Rafael del Pino de "falta de compromiso" llegan tras recurrentes advertencias desde el ámbito empresarial a las asimetrías competitivas que introducen en compañías e inversión las subidas impositivas y creaciones de nuevas figuras como el tributo a las energéticas y a la banca, o la mayor presión fiscal a los grandes patrimonios. Solo en España y según estimaciones realizadas por PwC Tax & Legal con datos correspondientes a 2021, las 35 compañías que integran el Ibex contribuyeron a las arcas públicas con más de 37.700 millones de euros.
El Ministerio de Hacienda y Función Pública cambia los plazos de tributación por el alquiler de pisos turísticos que pasa de ser trimestral a anual. El Ministerio ha publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una modificación en el Modelo 179 por el que la declaración pasa a realizarse solo una vez al año. Hacienda avisa que este cambio "no genera nuevas cargas administrativas para los ciudadanos" y se debe a hacer más eficiente la gestión tributaria.
Generalmente en las separaciones matrimoniales y divorcios en los que se disuelve la comunidad de gananciales, si uno de los cónyuges se queda con la totalidad de la vivienda debe pagar una compensación por el 50% del valor actual de la vivienda.
Durante el ejercicio pasado las empresas del Ibex 35 contribuyeron a las arcas públicas con más de 37.717 millones de euros, de los cuales 14.311 millones de euros (38%) fueron impuestos soportados y 23.406 millones de euros (62%) impuestos recaudados. según los datos del informe Contribución Tributaria Total del Ibex 35 2021, elaborado por PwC.
El futuro Reglamento que ultima el Ministerio de Hacienda desarrolla la obligación de presentar una declaración informativa anual sobre los saldos en moneda virtual que deberán presentar las personas y entidades que proporcionen servicios para salvaguardar claves criptográficas privadas en nombre de terceros.
Hoy en día, la gran mayoría conoce la convulsa coyuntura de crisis que asola el panorama actual de muchos sectores en nuestro país, calificada por algunos economistas como la crisis económica más contundente que registra la historia contemporánea. Ya no solo por el efecto que el Covid-19 ha tenido en todos los sectores industriales, sino también, a causa de la crítica situación política que estamos viviendo a nivel internacional, que se traduce en un desabastecimiento general de materias primas llevando a muchas empresas a frenar su ritmo de producción hasta el punto de tener que paralizar su trabajo durante semanas o incluso meses.
Casi todos los dueños de las sicavs ya han tomado una decisión sobre el futuro de sus sociedades de inversión de capital variable y la gran mayoría han decidido liquidarlas o transformarlas en sociedades limitadas o anónimas, como consecuencia del cambio normativo que fuerza la eliminación de los mariachis, ya que sólo podrán contabilizarse como inversores a aquellos que cuenten con acciones por valor mínimo de 2.500 euros, o de 12.500 euros en el caso de las sicavs por compartimentos.
España es el país que más figuras tiene para gravar la riqueza de toda la Unión Europea. Es el único Estado miembro que cuenta con un Impuesto sobre el Patrimonio. Además, incluye en su normativa fiscal Sucesiones y Donaciones, que -aunque es más habitual en el entorno- mantiene el mayor nivel con tasas que alcanzan hasta el 81,6%.
La OCDE lleva desarrollando durante los últimos años un trabajo notorio en la necesaria configuración de un esquema que venga definido por el reparto justo de beneficios y derechos tributarios entre países. En tal contexto y en el marco del proyecto BEPS (por "Base Erosion and Profit Shifting"), el organismo se ha comprometido a hacer frente a aquellas multinacionales que erosionan sus bases imponibles y trasladan sus beneficios a jurisdicciones o territorios con baja o nula tributación.
El Gobierno fía las Cuentas del año que viene a una recaudación récord no vista ni siquiera antes de la crisis del coronavirus. El Ministerio de Hacienda y Función Pública, dirigido por María Jesús Montero, prevé recaudar 100.132 millones de euros por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IPRF). En un contexto de recuperación económica aún presente, esta recaudación supondría, según las proyecciones de los Presupuestos Generales del Estado para 2022, un aumento del 14% más de lo que se recaudó en el último año antes de la pandemia (2019), cuando el Estado ingresó 86.892 millones de euros a las arcas públicas. Además, Hacienda prevé superar en 7.000 millones la recaudación del IRPF del presente año, que situará en los 93.803 millones, un 6,6% por encima de la recaudación obtenida en 2020.
El contrato de España con la Comisión Europea para la recepción de los fondos Next Generation EU depende de una serie de reformas estructurales sobre las que Bruselas está muy pendiente y vigilará con lupa. Entre ellas, la reforma fiscal es uno de los grandes compromisos que se comprometió a realizar el Gobierno de Pedro Sánchez. Los expertos fiscales, directivos y empresarios, consultados por la consultora PwC, señalan sus preferencias para transformar el sistema fiscal y restaurar la suficiencia financiera. En definitiva, opinan cómo se puede ingresar más, gastar menos y ganar en eficiencia.
Las economías europeas han optado por bajar o mantener su impuesto sobre Sociedades en los últimos tres años. Durante este tiempo, hasta seis países han bajado sus tipos. De este modo, la tasa impositiva promedio de todos los países europeos ha disminuido del 22,8% en 2018 al 21,8% en 2021. Esta media se sitúa ya 3,2 puntos por debajo del tipo español, que se mantiene en el 25%.
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) ha denunciado 42 modelos tributarios "irregulares". Los asesores fiscales alertan de que estos modelos carecen de instrucciones aprobadas y publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Los fiscalistas advierten de que la incorrecta cumplimentación de esos modelos puede conllevar sanciones al obligado tributario. Consulta el listado de los 42 modelos irregulares.
El anteproyecto de ley de startups, aprobado este martes en Consejo de Ministros para someterlo a audiencia pública, incorpora una serie de medidas fiscales para favorecer la creación e implantación de este tipo de compañías, entre las que figura una reducción del tipo del impuesto de Sociedades del 25% al 15% hasta un máximo de cuatro años.
Un 68% de los asesores fiscales considera que el cambio de residencia fiscal de personas físicas por motivos tributarios hacia otros países va en aumento, que se está convirtiendo en tendencia, lo mismo que ocurre con los cambios de residencia fiscal entre comunidades autónomas, según un 67,9% de los profesionales de la asesoría fiscal.
Entidades y personas físicas tenemos la obligación de tributar por nuestros ingresos netos. Las primeras lo están por el Impuesto sobre Sociedades (IS )y las segundas por los de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) o por el de la Renta de Personas No Residentes (IRNR).
La factura de la crisis del Coronavirus ha sido terrible a todos los niveles, también en el económico. Dentro del desastre económico un aspecto importante es el tremendo coste de la crisis para la Hacienda Pública. Nos enfrentamos en España a un nivel de deuda pública, 120% del PIB, que además continuará aumentando a corto plazo, vistos los datos de déficit de 2020 y las previsiones para 2021. Ante esto, parece una obviedad que el Estado necesitaría recaudar más. Aún así, convendría realizar un par de matizaciones:
El Parlamento Europeo cree que la Unión Europea (UE) pierde un 13,7% en el tipo impositivo de las compañías tecnológicas. La Eurocámara asegura que "las empresas digitales son gravadas con un tipo impositivo efectivo de solo el 9,5%, en comparación con el 23,2% de los modelos de negocio tradicionales". Así lo apunta en su último informe sobre la implantación del Impuesto sobre los Servicios Digitales (ISD), conocido como tasa Google.
El pasado 12 de marzo conocimos el contenido del paquete de ayudas directas de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19. Al margen del debate sobre si las ayudas son suficientes, si llegan a tiempo o si engloban a todos los afectados, conviene destacar las prestaciones que percibirán aquellos contribuyentes que tributen en módulos: un máximo de 3.000 euros, mientras que el resto de contribuyentes afectados podrán percibir cuantías entre 4.000 y 200.000 euros.
Comienza la cuenta atrás para la búsqueda y reclamación de facturas y justificantes que nos ayuden a realizar la declaración del Impuesto sobre la Renta sobre los ingresos obtenidos en 2020, cuya Campaña se inicia el próximo 7 de abril para las presentaciones por Internet y acabará el 30 de junio. No obstante, la presentación se hace por teléfono o presencialmente habrá que esperar hasta el 6 de mayo y el 2 de junio, respectivamente.
Cómo queda la fiscalidad de los alquileres de los locales de negocios que se han modificado debido a la caída de ingresos por la obligación de cerrar o reducir sus aforos
La sostenibilidad ha pasado a jugar un papel esencial en la agenda de los consejos de administración de las empresas. Primero fue el Real Decreto-ley 18/2017 y, ya con más detalle, la Ley 11/2018 sobre información no financiera y diversidad, normas que incorporaron a la legislación española la obligación de hacer pública la información sobre sostenibilidad, aunque ya con anterioridad numerosas empresas estaban publicando sus informes de esta materia alineados con los estándares internacionales.
El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, dijo que luego de platicar con los representantes de diferentes bancadas se echarán atrás las cuotas complementarias de la gasolinas que se tenían previstas en la ley de ingresos para el próximo año.
El pleno del Parlamento europeo ha dado su visto bueno a prorrogar hasta diciembre de 2027 el régimen actual de exención del Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias (AIEM), un mecanismo creado en 2002 para compensar a la industria local por los costes de producción adicionales derivados del aislamiento del archipiélago.
En mi última colaboración procuré trazar el camino a seguir con relación a los impuestos y subrayé la necesidad de una reforma integral del sistema tributario que voy a empezar hoy a desarrollar.
Alibaba abonó 88.000 euros a la Hacienda española en 2019. De hecho, sus pagos al Fisco desde 2017 no llegan a 100.000 euros. Es una cifra que choca con lo que cabría esperar de una de las firmas líderes del comercio electrónico en nuestro país.
Uno de los mensajes más repetidos por el Gobierno, a la hora de justificar futuras subidas de impuestos, estriba en el escaso rendimiento del sistema tributario español, medido en términos de presión fiscal. Sin embargo, los expertos cada vez ponen más entredicho la fiabilidad de este último indicador.
Pedro Sánchez declaraba, hasta hace muy poco, su intención de subir los impuestos a los españoles; en paralelo, como si sorber y soplar fuese posible al mismo tiempo, ha pedido a las familias y a las empresas que aumenten el consumo. En primer lugar, creer que una economía crece por incrementar el consumo, como postula el presidente del Gobierno, es como pensar que un coche circulará más rápido por el hecho de gastar más gasolina. En segundo lugar, ¿cómo es posible impulsar el consumo si la renta real disminuye cuando se eleva el esfuerzo fiscal?
Pontegadea, el brazo inversor de Amancio Ortega, pagó 1.168 millones a escala global en concepto de Impuesto de Sociedades. Es una cifra totalmente coherente con el nivel de facturación y beneficios de la patrimonial.
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