El Parlamento Europeo ha apoyado este martes los planes de la comisaria europea de Sociedad de la Información, Viviane Reading, para crear una licencia europea única para comercializar contenidos en Internet, y para imponer sanciones civiles y penales contra quien envíe correo basura o spam. Además, el Parlamento votará mañana el polémico Telecom Package, que daría permiso a las operadoras de telecomunicaciones para investigar a sus usuarios.
Las propuestas de la comisaria de telecos son, a día de hoy, declaraciones de intenciones. Por el momento no dispone de planes detallados ni borradores de textos legislativos. La ejecución de estas propuestas quedará para la próxima Comisión Europea, cuyo mandato comenzará tras el verano.
De manera que hay que enmarcar las ideas de Reding como promesas electorales. La actual comisaria europea de telecos se presentará a las elecciones al Parlamento Europeo que se celebrarán en junio. Y aspira a volver a ser designada durante cinco años más comisaria de telecomunicaciones.
Descargas y copias privadas
Reding plantea la creación de una licencia europea única que permita explotar a lo largo y ancho de los 27 países de la UE los contenidos digitales: música, libros, juegos y películas. La intención es acabar con la situación actual, en la que el sistema de protección de los derechos de autor restringe las ventas y las retransmisiones transfronterizas vía Internet, y mantiene fragmentado en mercados nacionales el supuestamente mercado único europeo.
Bruselas considera que la recomendación que emitió en 2005 no ha surtido efecto. Y cree que ha llegado la hora de coger la pluma de redactar propuestas legislativas.
Sanciones penales contra el Spam
Reding también quiere aclarar lo que los consumidores pueden o no pueden hacer con sus descargas de contenidos protegidos por los derechos de autor. Para ellos reclama que se acabe con la fragmentación actual de las leyes nacionales sobre la copia privada.
Reding propone que los 27 países de la UE adopten sanciones civiles y penales similares y efectivas contra el envío masivo de spam o correo basura indeseado, una práctica supuestamente prohibida en Europa.
El 19,8% del spam que sufren los europeos viene de Estados Unidos; el 9,9%, de China; y el 23,4%, del interior de la propia UE. Dentro del 23,4% europeo, los países que más spam producen son Italia (3 por ciento), España (2,9%), Reino Unido (2,7%) y Alemania (2,4%).
Los derechos de los internautas
El pleno del Parlamento
Europeo tiene previsto aprobar mañana, en segunda lectura, la nueva
legislación comunitaria de las telecomunicaciones, que pretende reforzar la competencia en el sector y los derechos de los consumidores, así como favorecer las inversiones.
Uno
de los puntos de la legislación de más difícil negociación entre el
Parlamento y los Estados ha sido el referido a los derechos de los
internautas, en especial cuando Francia intenta impulsar una ley contra
la descarga ilegal de contenidos que prevé que un organismo pueda
cortar el acceso a la red sin que medie una orden judicial.
Finalmente,
no se impondrá "restricción alguna a los derechos y libertades
fundamentales de los usuarios finales sin una resolución previa de las
autoridades judiciales", según el artículo 11 de la Carta de Derechos
Fundamentales de la UE en materia de libertad de expresión e
información, "excepto cuando la seguridad pública se vea amenazada, en cuyo caso la resolución puede ser posterior".
Por
otra parte, los operadores deberán proporcionar información más
transparente sobre tarifas y términos contractuales, dar un acceso más
fácil a las personas con discapacidad y avisar a los usuarios cuando exista el riesgo de que sus datos sean objeto de un uso malicioso o prácticas ilegales.
Otra
de las novedades será la creación de un organismo de reguladores
europeos de comunicaciones electrónicas (BEREC, en sus siglas en
inglés), compuesto por expertos de los 27 Estados miembros y que será
un órgano de consulta al que las autoridades reguladoras nacionales
podrán acudir antes tomar decisiones.
Para fomentar la competencia, la
legislación prevé que un regulador nacional pueda pedir a un operador
dominante que disocie su infraestructura de red de su negocio de
servicios ("separación funcional"), una medida que podrá aplicarse
únicamente de forma "excepcional".
En cuanto a las inversiones en redes de nueva generación, que permitirán velocidades y capacidades de internet
muy superiores a las actuales, el texto aboga por que los reguladores
nacionales promuevan una "inversión e innovación eficaz en
infraestructuras nuevas y renovadas", como las redes de fibra óptica.
Encuentro digital con Enrique Dans
