Telecomunicaciones y tecnología

¿Forma Sitel parte de la conspiranoia o es una realidad? Ya tenemos nuestro Echelon

Ya tenemos nuestro Echelon. Algo es. Al menos, en versión telefonía móvil, que todo se andará. Su nombre es Sistema Integrado de Interceptación Telefónica (Sitel), objeto de las iras de entes tan dispares como la Asociación de Internautas, colectivos antisistemas y el Partido Popular, por ejemplo. Todos denuncian el secretismo de su puesta en marcha y el complicado encaje legal de su uso sin orden judicial.

¿Existe o no existe? Según diversas fuentes, no contrastadas, su origen sería, curiosamente, de 2001. El periódico anarquista Diagonal, en concreto, afirma que, ya después del atentado de las Torres Gemelas, treinta y seis millones de euros pagó en 2001 el Gobierno de Aznar a la multinacional Ericsson para que desarrollara un sistema de intercepción de llamadas telefónicas.

Esa es también la tesis de la Asociación de Internautas. Es decir, aún con el PP en la Moncloa, el Gobierno lo adquirió, desarrolló e implantó, aunque hasta la llegada de Rodríguez Zapatero a la Moncloa en 2004 no se procedió a activar dicho software. La afirmación es de Víctor Domingo, el presidente de los internautas.

Dicha frase está contenida en un escrito dirigido el 23 de septiembre al Defensor del Pueblo denunciando que el uso del ya denominado Sitel se ha generalizado sin debate alguno y casi clandestinamente, no consta acto demostrativo alguno de su puesta en servicio. Es decir, al margen del control judicial. Y, por supuesto, de la Agencia de Protección de Datos.

El Sitel es uno de los asuntos más oscuros de la historia de la democracia, según Domingo, quién denuncia además la creación a hurtadillas de una comisión interministerial por la vicepresidenta De la Vega para gestionar la presunta herramienta que permite espiar conversaciones a través de teléfono móvil y fijo. Sin embargo, nadie lo ha visto.

Este sistema de espionaje, adscrito al Ministerio de Interior, fue regulado por el Gobierno con un Reglamento evitando que la opinión pública pudiera tener conocimiento de la puesta en marcha de una herramienta terriblemente invasiva para la intimidad, describía Domingo al Defensor del Pueblo. Ese reglamento es el Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios.

Ya en 2005 la Asociación de Internautas lo denunció ante el Tribunal Supremo, que desestimó la demanda porque durante el desarrollo del proceso había sido promulgada la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicación que elevó a rango de ley gran parte del contenido del reglamento.

La cuestión es que, como Echelon, ni siquiera se sabe quiénes son los directores de los centros, ni donde están ubicados, afirmaba Diagonal. Según los internautas, su control corresponde al Centro Nacional de Inteligencia, Guardia Civil y Policía Nacional.

Diagonal añade que en el caso de la Policía Nacional emplea un sistema operado por Fujitsu España Services, y que según el BOE se encontraría en las instalaciones del Complejo Policial de Canillas. Esta concesión le ha supuesto a la compañía informática unos ingresos de 854.400 euros. Pero todo son dudas.

Aunque la Agencia Española de Protección de Datos también ha abierto una investigación acerca de Sitel y la legalidad de sus presuntas escuchas. Las denuncias, presente en la red, hablan de que desde instancias policiales ?hoy por hoy se puede pinchar teléfonos y acceder a una serie de datos asociados al tráfico de los terminales bajo una dudosa cobertura legal.

Como Echelon. Nuestra vida es la vida de los otros. El día 5 de septiembre de 2001, el propio Parlamento Europeo denunciaba la existencia de Echelon, una red de espionaje de dimensión planetaria. Este sofisticado sistema de interceptación, nacido al finalizar la Segunda Guerra Mundial, continúa plenamente operativo.

Esta red de espionaje de Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda capta todas las llamadas y mensajes, que dejan un "rastro electrónico" por radio o satélite es decir, teléfono fijo, móvil, faxes y mails los selecciona y los almacena al servicio de los servicios secretos.

Conspiranoia

Lo hace según un diccionario que encierra las palabras que podrían poner en peligro a la humanidad, relativas a la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico o el crimen organizado. Aunque desde la conspiranoia se afirma que se usa también para reflotar intereses económicos y, sobre todo, para el control ciudadano.

Por medio de tu tarjeta de crédito y tu uso de internet controlan tus hábitos de consumo esos libros de autores sospechosos, por ejemplo, de antiamericanismo que lees, no solamente tus compras. Su nueva denominación es secreto militar.

Este interés por la identificación de conductas sospechosas pone, precisamente, en riesgo la vida privada de todos los demás ciudadanos. Es el mismo argumento que encara la puesta en marcha del Sitel, según unos y otros.

En principio, la excusa de la Ley 25/2007 de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicación es el uso de teléfonos móvil prepago por los terroristas islámicos que atentaron el 11-S en Madrid. Yen el marco de esa ley, según la Asociación de Internautas, se escuda Sitel, pero también la campaña de identificación obligatoria de las tarjetas prepagos.

En España hay 20.686.469 de usuarios de telefonía móvil en prepago, según datos de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, referidos al segundo trimestre de 2009. Aunque no hay datos rigurosos aún, la estimación de Redtel, la patronal que agrupa a las principales operadoras de telecomunicaciones Telefónica, Vodafone, Orange y Ono, es de que, aproximadamente, cuatro millones de ellos están si identificar.

Tienen hasta el próximo día 9, tras una semana de prórroga, para hacerlo. Sino, perderán su número de teléfono. Técnicamente, según el Ministerio de Interior, se ?desactivarán las tarjetas a partir de ese día, en cumplimiento de la ya citada Ley de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones, que entró en vigor el 9 de noviembre de 2007, para luchar contra la delincuencia organizada.

En cualquier caso, es curiosa como en diversos medios, incluidos periódicos de máxima difusión, siempre de forma anónima, junto a la información aparecen citas del tipo: «No sabemos si es porque lo han dejado hasta el último minuto o porque son inmigrantes ilegales o delincuentes», comentan fuentes del sector, en alusión a los cuatro millones de tarjetas sin identificar.

Según la Ley 25/2007 y la campaña Identifícate, presentada el 4 de marzo por el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, los usuarios no identificados tendrán que dirigirse a un distribuidor con un documento para que registre nombre y apellidos, nacionalidad, documento de identificación y su naturaleza (DNI o pasaporte) y en el caso de empresas el número de identificación fiscal. Redtel ha solicitado al Gobierno, de momento, sin respuesta, que se considera un periodo de gracia, y una vez anulada la línea sea posible recuperarla si se aportan los datos solicitados.

No hay datos, sin embargo, que sirvan para hacer cualquier estimación relativa a los teléfonos de prepago en manos de bandas organizadas o delincuentes. Sea cual sea la decisión que finalmente adopte el Gobierno acerca de la prórroga, desde Redtel se insiste en que todas las operadoras cumplirán la ley y a partir del lunes 9, sólo se podrá llamar al 112 desde los móviles prepago sin identificar.

En cualquier caso, la exigencia de identificar a todos los usuarios de móvil prepago es común para todos los países miembros de la Unión Europea. La medida es obligatoria para todos los países de la UE. En España, en principio, no ha sido objeto de polémica. Tan sólo que bajo la misma cobertura legal se halla en el ojo del huracán el Sitel.

Aunque esto es como todo: cierta protesta está teñida de politifariseísmo (excusen el neologismo). Por un lado, la que pronuncia el PP, que se limita a advertir de que Sitel es ilegal porque no ha sido creada por una Ley Orgánica, sin entrar en el fondo de la cuestión. Pero la otra más seria, y de más enjundia no sólo mete los dedos, sino clava las uñas, en defensa de las libertades informativas y la protección de datos, aunque acaba mezclándose en un totum revolotum difícil de justificar.

Por ejemplo, el debate acerca de la inexistencia de firma digital y encriptación de las grabaciones, que facilita la filtración a terceros no autorizados y abre dudas acerca de la manipulación de las mismas. Desde la conspiranoia se habla de que grabaciones de Sitel han llegado a manos judiciales y han sido admitidos como prueba en formatos digitales básicos. Pero ése es un dato que no está suficientemente probado.

Con lo cual, se infiere la legalidad del Sitel (teóricamente puesta en duda), dejando la polémica en un simple uso del certificado electrónico de la grabación en uso judicial. O la que pone en dada que una la Ley ordinaria sea suficiente para regular Sitel o no, tal y como denuncia Internautas.

El PP, por ejemplo, a través del conseller de Inmigración y Ciudadanía de la Comunitat Valenciana, Rafael Blasco, apunta a la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega como responsable de la regulación de Sitel, el software espía que permite interferir informaciones sin transparencia alguna para los ciudadanos, dijo.

Y denuncia, como la diputada Andrea Fabra, que de su uso se ha servido el Gobierno para conocer datos relativos al caso Gürtel. Hoy, gracias a SITEL, el Estado controla en gran medida a los ciudadanos sin que se respete el secreto de sus comunicaciones, ha llegado a escribir en un curioso artículo en el que mezcla churras, merinas y demás razas.

Nadie discute aquí las bondades de una tecnología que persiga la delincuencia de modo eficaz, añade . El problema es que el fin no justifica los medios y por ello no vale que amparándose en tan loable propósito se haga un uso indebido de los avances tecnológicos y se vulneren derechos fundamentales y garantías jurídicas que nos asisten a todos los ciudadanos.

¿Cuál es el debate entonces?

Además, los denunciantes mantienen que la Ley 25/2007 y el Real Decreto 424/2005 obligan a las operadoras de telefonía a proporcionar a los agentes facultados que lo soliciten -y sin necesidad de contar con una autorización judicial- datos personales que están en manos de las compañías. Entre ellos, la posición geográfica de los interlocutores, llamadas realizadas o datos personales que figuran en su contrato, además del tráfico generado en internet.

En cualquier caso, el art. 1.1 de la Ley 25/2007 deja claro que las operadoras tan sólo tienen la obligación de entregar los datos siempre que les sean requeridos a través de la correspondiente autorización judicial con fines de detección, investigación y enjuiciamiento de delitos graves contemplados en el Código Penal o en las leyes penales especiales?.

Ni ley ni real decreto nombran el Sitel. Es más, el art.1.3 de la Ley 25/2007 deja claro que se excluye del ámbito de aplicación de esta Ley el contenido de las comunicaciones electrónicas, incluida la información consultada utilizando una red de comunicaciones electrónicas. ¿Pero existe entonces realmente Sitel?

Los políticos se espían entre sí, los Estados tienen centros de espionaje, la SGAE tiene espías. Entras en el Metro y estás rodeado de cámaras de vigilancia. Las llamadas de teléfono en operaciones bancarias se graban por seguridad, el Blutooth revela nuestra posición. Barcelona contrata detectives para controlar si las grúas retiran suficientes vehículos. Ojos inteligentes blindan los aeropuertos. ¿Dónde queda nuestra libertad?

Para los Internautas, se está imponiendo una filosofía de la vigilancia que tiene por objetivo controlar al ciudadano, no la seguridad, ni la protección de la infancia, ni tan siquiera los derechos de autor. ¿Forma Sitel parte de esa conspiranoia o es una realidad?

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Comentarios 8

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andres
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Ofrezco mis servicios profesionales para la proteccion de la intmidad en telefonia movil, internet, ordenadores personales, tarjetas de credito.

Formacion, diseño, planificacion y construccion de sistemas seguros.

No hay mal que por bien no venga. Podemos estar en el umbral de un nuevo mercado.

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#1
ECONOMISTA
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PUES AHORA QUE SE HAN ENTERADO LOS PRESUNTOS

TERRORISTAS SEGURO QUE CAMBIAN LAS PALABRAS

COMO BOMBA,TEMPORIZADOR,POR OTRAS MENOS SOSPECHOSAS

CUANDO VAYAN A COMETER SUS FECHORIAS

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#2
V for Vendetta
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V for Vendetta......siempre

Puntuación -1
#3
Anónimo
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Querrá decir "colectivos antisistema", que por lo general sólo se oponen a uno.

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#4
HOYGAN
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Se dice antisistema, no antisistemas.

Puntuación 0
#5
descargas movil
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Es que yo por mucho que leo post tan interesantes como este, no termino de creer o no me terminan de cuadras las cuentas de esos 4 millones de números de teléfono fantasmas que aun no están identificados y lógicamente operativos, si no no estarían incluidos.

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#6
Corverana
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Creo que esto de la identificación de las tarjetas prepago, nada tiene que ver como quieren hacernos creer, con la evitación de actos terroristas; ya que el terrorista o narcotraficante solo tiene que comprar su tarjeta prepago en Portugal, Francia, Andorra o Marruecos sin tener que identificarse. Mas bien yo creo que es una forma de poder saber por parte del gobierno o su partido, el teléfono móvil que usa una determinada persona o entidad, y con ello haciendo uso del SITEL, no ya por los cuerpos policiales que actúan siempre con control judicial, si no mas bien por "otros niveles" que si les interesa o que encuentran o descubren ya verían luego de darle color legal al asunto y entonces sí, pasárselo ya a los cuerpos policiales como si fueran estos los que realmente lo investigaran y así poder seguir con sus guerras políticas. ¿No creen que esto es más bien asÑ Yo creo que si.

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#7
Ares
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jejej, que atrevida es la ignorancia, el SITEL no es Echelon ni Gran Hermano, ni nada parecido, es un sistema de escuchas que ha sustituido a la grabadora de toda la vida. Por supuesto todas las escuchas son con orden judicial y cuando tienes la autorizacion, te dan un usuario y contraseña para acceder que una vez caducado ya no te da acceso de ninguna manera. Por cierto, el SITEL esta centralizado en Madrid y lo opera gente perteneciente a las fuerzas de seguridad y funcionariado, por lo que como comprendereis, cualquier tipo de irregularidad, veria rapidamente la luz. Ah, lo de las tarjetas prepago es por lo que todos sospechais, sencillamente todos los traficantes y delincuentes las tenian y usaban con total impunidad, tranquis, vuestras madres no seran escuchadas....ayyy cuanta gente aburrida hay en este pais...

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#8