La sentencia hecha pública este jueves por el Tribunal de Justicia sobre el canon digital en España ha ocasionado un revuelo de opiniones inmediato. Enrique Dans, el gurú de las nuevas teconologías y profesor del Instituto de Empresa ha charlado con EcoDiario.es al respecto. "Esta sentencia solo es un comienzo de lucha contra algo que, sencillamente, atenta contra el sentido común", advierte Dans.
¿Cómo valora la sentencia de la UE declarando el canon digital a empresas ilegal?
Es una victoria parcial. Que la UE entienda que cobrar de manera claramente predatoria por un uso que no se puede hacer a unas empresas que además no lo hacen sea ilegal es una cuestión de mínimos y de sentido común, y que haya habido que poner a brillantes abogados a defender ese caso, es algo que demuestra hasta qué punto tienen fuerza los lobbies de la propiedad intelectual, auténtico "gobierno paralelo" capaz de imponer pseudoimpuestos y cánones o de nombrar su propia "Ministra de la Industria Cultural".
Pero que, por ejemplo, la sentencia diga que "el criterio útil para determinar la cuantía de la compensación equitativa, no simplemente el «daño» como tal, sino el "posible daño" es completamente demencial y absurdo. ¿Debemos pagar un canon por un cuchillo o un automóvil en función del "posible daño" que podemos causar con él? ¿A dónde vamos a parar? Esta sentencia solo es un comienzo de lucha contra algo que, sencillamente, atenta contra el sentido común.
¿En qué cambiará esta sentencia la situación actual en las empresas?
Si nuestro gobierno es mínimamente decente, deberá exigir a las sociedades de gestión que devuelvan todas las cantidades cobradas injustamente a las empresas, que no es poco dinero. Miles de empresas han tenido que afrontar un sobrecoste arbitrario e injusto para poder distribuir un CD, una memoria USB, al adquirir un ordenador, un teléfono móvil... ¿dónde está ese dinero? ¿Por qué razón el gobierno insistió, en contra de la lógica, en entregárselo a esas sociedades de gestión? ¿Qué hace que el gobierno elegido por todos los españoles insista en beneficiar de manera ilegal los intereses de unas sociedades de gestión que actúan de manera monopolística a pesar del dictamen en contra de la Comisión Nacional de la Competencia? ¿No es eso la definición de un cohecho? ¿No debería ser investigado?
¿Cómo queda la imagen de la SGAE tras esta sentencia?
La imagen de la SGAE no cambia, porque sencillamente, no puede ser peor de lo que es. Ha alcanzado el mínimo posible. Es de manera persistente la entidad más objeto de odios en España, su percepción bordea de la alarma social. Actúa como monopolio cuando un dictamen autorizado afirma que no debería ser así, cobra pseudotributos injustos y contrarios a la legislación, insulta, intimida mediante el uso de auténtico "matonismo judicial", y se permite además hacer todo eso con unas actitudes dignas de la escasa educación de algunos de sus directivos, que no dudan en utilizar la dialéctica del insulto en foros públicos y medios de comunicación.
Que nuestro gobierno apoye la continuidad de ese "estado de excepción" que esa entidad disfruta es algo que debería hacer que los ciudadanos nos replanteásemos muchas cosas sobre el tipo de democracia en la que vivimos.
Sinde ha señalado que España buscará alternativas tras esta sentencia. ¿Qué esperan que pueda hacer?
Lo que hará será seguir luchando por los intereses de quienes la han puesto ahí, aquellos que trabajaban con ella en su industria, sus parientes y amigos: no olvidemos que hablamos de una ministra que ha sido objeto de denuncia por un evidente conflicto de intereses, de una ministra que en plena crisis, no ha dejado de auto-repartirse un volumen cada vez mayor de dinero público, ese que como decía su antecesora, Carmen Calvo, "no es de nadie"...
En algún momento, alguien deberá plantearse si eso es lo que España necesita: una "Ministra de la Industria Cultural" en lugar de una genuina Ministra de Cultura. ¿Es positiva la gestión de la ministra para la cultura española? ¿O solo lo es para los bolsillos de sus amigos, familiares y compañeros de industria?
¿Cómo queda la situación de los usuarios privados que no son empresas tras esta sentencia?
La situación permanece igual: sabemos que el canon sigue siendo injusto, absurdo y arbitrario, pero nos lo siguen cobrando. Subsidiar una industria cuyos productos no queremos mediante el recurso a la extracción de dinero de nuestros bolsillos es algo completamente injusto, y cuando lo dices, todavía tienen el valor de contestarte que "es que no se le cobra al usuario final, sino a los fabricantes". Eso no solo es una soberana mentira, sino que además, sería una cantidad que las empresas repercutirían sobre sus clientes finales de manera inmediata...
¿Qué pasará ahora con aquellos usuarios privados a los que se les ha multado? ¿Se les recompensará por la medida?
No hay manera de saber lo que "nuestro" Gobierno, y entrecomillo "nuestro" porque es evidente que no es "nuestro" sino "de ellos", querrá hacer en ese sentido. Y no me queda más remedio que asumir, en virtud de sus movimientos, que seguirá haciendo todo lo que pueda para favorecer a la industria cultural en detrimento de los intereses de los ciudadanos.
¿Hay alguna posibilidad de que esta medida sea aplicable también a usuarios privados?
Por supuesto. La razón y el sentido común nos asisten, mientras que ellos solo tienen dinero y poder como lobby. Lo que ellos tienen no es poca cosa, como estamos pudiendo ver, pero al final, la razón y el sentido común se acaban imponiendo. O al menos, así ha sido históricamente.
¿Qué medidas en su opinión habría que implementar para hacer frente al canon digital?
Lo que hay que hacer es mantener una postura militante y comprometida en ese sentido. Si un gobierno decide pasar por encima de los derechos e intereses de sus ciudadanos y se dedica a subvencionar a un estamento determinado con el dinero de sus bolsillos (ya ni siquiera con los impuestos, sino directamente extrayéndolo de sus bolsillos cuando adquieres según qué bienes o servicios), y además, gracias a eso, no obtiene una producción cultural mejor sino un estamento más reaccionario y más incapaz de evolucionar, debe encontrarse con la contestación de esos ciudadanos.
Es un tema en el que solo vale el activismo. Los negocios deben regularse por la ley del mercado: si el producto que vendes no tiene aceptación, vende otra cosa o retírate, no hay más.
Y curiosamente, cuando se libera a los creadores de la absurda dinámica del soporte físico, no ganan menos, sino más: se crea más cultura, se difunde mejor, se genera más dinamismo... solo sufren los intermediarios que no aportan valor.
Es ilegal aplicarlo a empresas
