Terrorismo

La Audiencia Nacional juzgará en abril el último caso pendiente de los GAL

La sección tercera de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional ha fijado para los próximos 4, 5 y 6 de abril el juicio por el último caso pendiente de los GAL: el de los atentados cometidos en 1986 en los bares "Batzoki" y "Consolation" en Bayona (Francia), en los que resultaron heridas seis personas.

Así lo ha acordado en una providencia el tribunal, formado por los magistrados Alfonso Guevara, Guillermo Ruiz Polanco y Ángeles Barreiro, que juzgarán al exjefe superior de Policía de Bilbao Miguel Planchuelo, acusado de seis delitos de asesinato frustrado y uno de lesiones graves por parte de la acusación popular, ya que el fiscal pidió el sobreseimiento del caso por falta de autor conocido.

Por estos mismos hechos ya fueron condenados en 1991 los expolicías José Amedo y Michel Domínguez a 108 años de prisión por reclutar supuestamente a los mercenarios portugueses que ejecutaron los atentados en los bares "Batzoki" y "Consolation".

A Planchuelo se le acusa haber ordenado a Amedo la contratación de mercenarios portugueses y su traslado a Francia para cometer los atentados contra esos bares.

En la providencia, el tribunal solicita a Interpol Portugal que le informe "vía fax y de manera urgente" sobre el paradero o domicilio de Rogerio Fernando Carvalho da Silva y Antonio Jorge Ferreira Cisneros, condenados en 1992 por el Tribunal Criminal de Lisboa por haber colaborado con los Grupos Antiterroristas de Liberacion (GAL).

El juez Baltasar Garzón dictó la conclusión de este sumario (el 1/88) en abril de 2000 y lo remitió a la sección tercera de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional "una vez han sido practicadas todas las diligencias necesarias".

Planchuelo fue condenado a nueve años y seis meses de cárcel por el secuestro en 1983 de Segundo Marey, primera acción atribuida a los GAL, por la que el Tribunal Supremo también condenó al exministro del Interior José Barrionuevo, al exsecretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera y al exdirector de la Seguridad del Estado Julián Sancristóbal, a 10 años de cárcel a cada uno.

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