Terrorismo

El Supremo confirma las condenas a Pamiés y Ballesteros por el chivatazo en el bar Faisán

Juicio del caso Faisán/ Imagen: EFE

El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia dictada por la Audiencia Nacional contra los autores del 'chivatazo' a ETA que se produjo en el bar 'Faisán' de Irún (Guipúzcoa) el 4 de mayo de 2006, por los que se condenó al exjefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamies y al inspector José María Ballesteros a un año y medio de cárcel y cuatro de inhabilitación por un delito de revelación de secretos.

El fallo, hecho público este martes por el alto tribunal, rechaza a pretensión de las acusaciones particulares para que los policías fueran condenados también por un delito de colaboración con organización terrorista. La resolución cuenta con tres votos particulares.

La Sala de lo Penal, en aplicación de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), del Tribunal Constitucional y la propia doctrina del Tribunal Supremo, recuerda que no procede la condena exnovo en casación de un acusado que haya resultado absuelto en el juicio de instancia -en este caso se trataba  del delito de colaboración con banda armada)- cuando la condena requeriría entrar a examinar y modificar los hechos y ello exigiría la comparecencia de los acusados para ser oídos.

Pamies recurrirá la sentencia

La defensa del ex jefe superior de Policía del País Vasco, el comisario Enrique Pamies, ha anunciado que presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia que le condena por el 'caso Faisán' al entender que "sigue sin existir prueba de cargo válida" para considerarle autor del chivatazo a la red de extorsión de la banda terrorista ETA que se produjo en el bar Faisán el 4 de mayo de 2006.

Su abogada, María Ponte, ha agradecido en un comunicado la "amplia" motivación y contestación que ha dado el Tribunal Supremo a todos los puntos del recurso de casación que interpuso contra la sentencia de la Audiencia Nacional, que finalmente ha resultado confirmada por el alto tribunal.

Gravedad de la conducta

El alto tribunal aprecia la gravedad de la conducta de los condenados, que dieron a conocer "a los miembros de una red de extorsión terrorista las pesquisas y futuras acciones policiales en marcha, por lo que el daño derivado fácilmente se comprende que es grave por afectar no a una actividad aislada sino a un entramado organizativo de más difícil investigación ante una posible desaparición de pruebas o adopción de medidas precautorias·.

Y todo ello, según el alto tribunal, "al margen del intento de favorecer el proceso de negociación, dado que la vía subrepticia elegida suponía una clara quiebra de principios de actuación judicial y policial, con asombro de los propios informados, y que implicaba un menoscabo y entorpecimiento del servicio público y un grave descrédito del funcionamiento institucional de la administración".

Votos particulares

El magistrado Alberto Jorge Barreiro hace un voto particular discrepante al entender que debían haber sido condenados también por este segundo delito aunque aplicándoles la eximente de cumplimiento del deber.

La sentencia incluye otro voto particular concurrente del magistrado Miguel Colmenero, que considera, al igual que la mayoría, que hay que aplicar la doctrina de las sentencias absolutorias, aunque la conducta de los acusados, según éste juez, constituye objetivamente un acto de colaboración con una organización terrorista al permitir que los sospechosos de pertenecer al aparato de extorsión de la misma permaneciera en libertad y en posesión de parte del dinero obtenido con su actividad delictiva.

Además, la resolución dada a conocer este martes a las partes cuenta con un tercer voto concurrente del magistrado Andrés Martínez Arrieta, que habría preferido la absolución por falta de dolo.

Proteger el proceso de paz

Durante la vista por este asunto celebrada el pasado 13 de mayo, el fiscal del Tribunal Supremo, Antonio Barranco, defendió que los autores del 'chivatazo' a ETA no pretendían "ayudar a las pretensiones" de la organización terrorista sino proteger "el proceso de paz" que puso en marcha el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero "para acabar con la actividad de la banda".

La Sala ha optado finalmente por la postura de la Fiscalía, que solicitó la confirmación de la sentencia que dictó en octubre pasado la Audiencia Nacional porque "la intencionalidad del chivatazo no era servir a los intereses de la banda sino favorecer una conducta para acabar con esta actividad", según defendió el fiscal. El Tribunal Supremo señala en la sentencia por la que confirma las condenas que ambos policías hubieran evitado la comisión del delito si "hubieran  acudido al estamento judicial o policial" para evitar que la operación perjudicara "el proceso de paz negociado".

"Ahora bien, al no haber actuado así, al haber informado directamente a los propios implicados y a espaldas del operativo en marcha y de las autoridades judiciales implicadas, ello sí que implica un delito de revelación de secretos", señala el Supremo, que no estima sin embargo que deba condenárseles por colaboración con ETA tal y como solicitaban las acusaciones particulares.

"No pretendían favorecer a ETA, sino colaborar para acabar con ella"

Respecto al delito de colaboración con ETA, cuya atribución a los policías reclamaban las acusaciones particulares personadas en esta causa, el alto tribunal concluye que en aplicación de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), el Tribunal Constitucional  y la propia doctrina del Tribunal Supremo no procede la condena exnovo en casación de un acusado que haya resultado absuelto en el juicio de instancia -en este caso se trataba del delito de colaboración con banda armada) cuando la condena requeriría entrar a examinar y modificar los hechos y ello exigiría la comparecencia de los acusados para ser oídos.

En todo caso, la resolución destaca que la Audiencia Nacional no sólo concluyó que la acción de Pamies y Ballesteros no era objetivamente de ayuda "sino que sobre su dolo, sobre su conocimiento y voluntad, acaba afirmando que la finalidad de la acción ejercitada voluntariamente por los acusados fue totalmente muy distinta al favorecimiento de la actividad de ETA" y por tanto a realizar la conducta tipificada como colaboración en el Código Penal.

Es decir, a tenor de las pruebas practicadas, el Supremo confirma que los condenados "realizaron su acción al conocer que con ella se favorecía un proceso que acabaría con ETA y al querer acabar así con la actividad de la banda".

Sobre esta "intención" de los policías, el Supremo destaca que la Audiencia Nacional dio por sentado que "actuaron al conocer y querer su acción en tanto que pensaban que era la manera de acabar con las actividades de la banda" y que "por ello, un entendimiento distinto del conocimiento y voluntad de los acusados exigiría, cuando menos, dar a éstos la oportunidad de expresarse sobre  esta cuestión".

Concluyen al respecto "no es posible la sustitución ahora, en sede casacional" de ese juicio de inferencia (sobre la intención de los condenados) sin infringir con ello el principio de inmediación en la valoración de las pruebas personales".

Prueba suficiente

La resolución rechaza uno a uno los motivos alegados por las defensas de Pamies y Ballesteros dado que la Audiencia Nacional llevó a cabo "un análisis de la concurrencia de numerosos indicios y que la interrelación de los mismos permite concluir que son suficientes" para tener por acreditada la comisión de un delito de revelación de secretos.

La sentencia alude igualmente a las dudas expresadas por ambos policías sobre el equipo investigador que analizó su actuación, al decir que dichos informes estaban confeccionados por personas con la "condición de primeros sospechosos al ser los mismos que vigilaban el bar" Faisán.

Según el Supremo se trata de afirmaciones de talla "genérica, conjetural y que en nada desvirtúa la calidad de los informes".

comentariosWhatsAppWhatsAppFacebookFacebookTwitterTwitterLinkedinlinkedin