De grandes empresarios y altos directivos del Ibex 35 a pequeños industriales, dueños de talleres, abogados, notarios y hasta médicos. Durante casi cuatro décadas, miles de hombres y mujeres de País Vasco y Navarra fueron víctimas del impuesto revolucionario de ETA, la mordida terrorista al tejido productivo de esta zona y un lucrativo negocio para la banda del hacha y la serpiente. Cinco años sin ETA: lo hecho y lo que queda por hacer.
Misivas del terror, análisis ético-político de la extorsión y violencia de ETA contra el mundo empresarial, una investigación impulsada por el Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto, explica cómo este método permitió que ETA tuviera presupuestos anuales de entre 4,5 y seis millones de euros en los años 70 y 80, y de unos dos en los años 2000.
El botín entre 1973 (fecha del cobro de su primer rescate, aunque el más alto sería el de Emiliano Revilla con 7,2 millones) hasta 2011 (cuando canceló su tasa revolucionaria a través de una carta a las patronales Confebask y CEN) es difícil de calcular.
Según esta institución, los terroristas ingresaron 19,2 millones en atracos y entre 101 y 104 millones con raptos entre 1973 y 1996, a los que hay que sumar 700.000 euros más de los secuestros exprés a partir del año 2000. La última partida es la del chantaje a través de cartas, que afectó a entre 10.000 personas y supuso para ETA 21 millones de euros entre 1980 y 1986 y otros nueve millones en su última década, entre 2001 y 2011.
La cifra total de este último concepto podría rozar los 40 millones. En cambio, el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense Mikel Buesa cifra en 115 millones lo obtenido por estos medios entre 1978 y 2008. Aún hay zonas oscuras. Como muestra un botón: ETA reclamó unos 134 millones de euros a 1.025 víctimas en en 2005, 2006 y 2007, según el análisis de la policía francesa a partir de documentos requisados al etarra Ekaitz Sirvent en 2009.
Pese a ello, Misivas del terror, elaborado durante tres años por un equipo interdisciplinar coordinado por Izaskun Sáez de la Fuente, arroja luz sobre esta cuestión al cimentarse en 66 entrevistas y 140 cuestionarios online realizados a los extorsionados.
La primera carta y todas las preguntas
"Euskadi ta Askatasuna se dirige a Ud. para reclamarle una ayuda económica de 10 millones de pesetas. Para abonar dicha cantidad debe dirigirse a los círculos abertzales habituales manteniendo una discreción extrema y absteniéndose de poner en conocimiento de cualquier cuerpo policial la existencia de la relación entre ETA y Ud. El no responder positivamente a esta petición le haría acreedor de las medidas que ETA decida aplicar contra Ud. y sus bienes". La primera carta avisaba del peligro y traía de la mano la primera pregunta, el "¿por qué a mí?", sobre todo si el extorsionado era nacionalista. "¿Quién había sido el chivato?", siempre era la segunda cuestión que se planteaba.
Esta condena, que incluso se heredaba de padres a hijos, constituía un lucrativo negocio para la banda. Si no había una respuesta positiva, rápidamente llegaba la segunda, la tercera, la octava carta. La curva de la intimidación crecía: llamadas telefónicas, pintadas, actividades frente a la empresa, concentraciones en el domicilio, "mandar cartas con el membrete de tu familiar o a tus hijos menores de edad". La socialización del miedo ya era un hecho.
Según Sáez de la Fuente, esta práctica se llevó a cabo con la "complicidad" de la izquierda abertzale y la "indiferencia y distancia pública" de buena parte de la sociedad, que no reaccionó hasta la década de los años 90 con las concentraciones de Gesto por la Paz e iniciativas como el lazo azul contra los secuestros.
Así pues, desprotegidos por las fuerzas de seguridad y sin el apoyo de los partidos políticos, muchas de estas víctimas de segunda vivieron su extorsión en secreto.
Todos víctimas, todos héroes
La mayoría ni cedió ni se marchó. Pese al acoso (una docena de asesinados y un centenar de atentados, según las cuentas de El País), solo pagaron "un 13% en Guipúzcoa y entre el 5% y el 6% en Vizcaya, Álava y Navarra".
El libro pone de relieve que quienes hicieron bandera del no pago a ETA sufrieron más por ello que por no pagar. También hubo quien se marchó de ciudad, o incluso se marchó de Euskadi y Navarra, en un "exilio interior y exterior" que producía "desarraigo, pérdida de relaciones sociales y reforzamiento del sentimiento de culpabilidad".
En cualquier caso, pagaran o no, "todas las personas que han sufrido la extorsión son víctimas inocentes de una violación de su dignidad, concluye Sáez de la Fuente.
La experta narra que la extorsión de ETA, desde que se acuñó el término "impuesto revolucionario", se prolongó porque hubo un "caldo de cultivo para su justificación social". "Los prejuicios y la estigmatización alimentaban la desvalorización social de la figura del empresariado, que le hacía prácticamente corresponsable de su propia victimización, en un conflicto al que, según la falaz lógica terrorista, los propios empresarios estarían contribuyendo", ha resaltado.
Tal y como recoge EFE, el trabajo alude también a una "perversión del lenguaje" en el que ETA y "su amplia red de informadores, delatores y colaboradores" decidían "qué palabras utilizar y qué sentido debían revestir para legitimar la extorsión".
